Las nuevas observaciones derivadas de la auditoría ponen al descubierto “las recurrencias” de los malos manejos de un grupo de funcionarios que, si bien ya fueron destituidos –entre agosto y noviembre de 2020, y algunos sancionados con inhabilitaciones de seis meses–, sus actos u omisiones continúan impunes, pues la Secretaría de la Función Pública (SFP) no los ha denunciado ante la Fiscalía General de la República, como marca la ley.
Enganchadas
Pese a que desde septiembre de 2019 los auditores del Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP adscrito a la Conade informaron por primera vez del desvío de los recursos públicos, durante prácticamente un año más los funcionarios y personas señaladas siguieron trabajando en la dependencia del deporte con las mismas malas prácticas, de ahí que continuaran sin freno los actos de corrupción.
Entre las anomalías detectadas destacan algunas que involucran incluso a deportistas destacadas, como la marchista Alegna González y la pentatleta Tamara Vega, quienes aparecen en la observación 4 y en la cual los auditores revisaron 80 expedientes de viajes a competencias y campamentos y sobre la adquisición de equipamiento deportivo.
Alegna González está señalada por no haber comprobado correctamente 814 mil pesos que le depositaron a su cuenta, y cuyo reembolso solicitó por escrito. En lugar de entregar los boletos de avión y las facturas de los hoteles donde se hospedó durante dos competencias (junto con su equipo de trabajo y otros marchistas en Podebrady, República Checa, y Naumburg, Alemania), la empresa Consultas y Negocios Comerciales de la Sierra, S de RL de CV, comprobó el dinero.
“Se detectaron irregularidades toda vez que no existen facturas de las aerolíneas donde manifiesten el precio real de cada boleto de avión, (el precio) se considera excesivo; los otros cargos de la línea aérea (están) sin evidencia de que en las facturas de aviones vengan dichos cargos, no existe comprobante fiscal de los hoteles donde supuestamente se hospedaron”, reclama el documento del cual Proceso posee una copia.
Entrevistada por este semanario, la marchista señaló que en la Conade le dijeron que el dinero que había recibido en su cuenta bancaria lo transfiriera a dicha empresa, pues se le tenía que pagar “por el servicio brindado”. La deportista refiere que ella desconoce los procesos administrativos y que sólo hizo lo que le indicaron.
Es importante resaltar que el equipo de trabajo de Alegna González recibió los boletos de avión antes de viajar y el hospedaje ya estaba cubierto; aún así la atleta –que además firmó como si fuera entrenadora– solicitó el reembolso. En la competencia de Podebrady, González consiguió su calificación a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
Consultas y Negocios Comerciales de la Sierra, S de RL de CV, tiene domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez. Esta es una de varias empresas con las que opera Germán Eduardo López Dorantes, amigo del exsubdirector de Calidad para el Deporte, Israel Benítez, quien por los actos de corrupción que cometió ya fue destituido por la SFP.
López Dorantes es un veracruzano –igual que Benítez– que también opera otras dos empresas: Catering, Housekeeping, Hospitality and Feeding Services, SA de CV, y Edgar García Morales y Asociados, S de RL de CV, mediante las cuales –como con Consultas y Negocios Comerciales de la Sierra– indebidamente refactura boletos de avión y servicios de alimentación y hospedaje, irregularidades que han sido señaladas por los auditores porque se pagan a sobreprecio y los servicios son inexistentes.
También defraudó a la agencia de viajes Link Travel, a quien le solicitó boletos de avión (por alrededor de 1.3 millones de pesos) para distintos deportistas, pero no se los pagó. No obstante, el dinero fue comprobado en el Fodepar.
Esta persona, a quien entre los funcionarios de la Conade se le conoce como “El Ingeniero”, es el mismo que en abril de 2019, desde una sucursal del Banco Santander en Xalapa, depositó más de 3 mil libras para el pago de hospedaje en Londres de la medallista María Espinoza, durante una gira por Europa (Proceso 2224).
El caso de Tamara Vega también es grave: a ella se le otorgaron 600 mil pesos por medio de un pagaré para la adquisición de alimento para caballos, que fue comprobado con una factura de la empresa Comercializadora Kimidoll, SA de CV. Los auditores no encontraron evidencia documental ni fotográfica que demuestre que ese dinero se utilizó con tales fines.
Del mismo modo, Vega solicitó, por medio de reembolso, 804 mil pesos que utilizó para participar en el Campeonato Mundial de Pentatlón 2019. Ese dinero fue comprobado con irregularidades por dos empresas: Comercializadora Kimidoll facturó los servicios de hospedaje, alimentos e inscripciones a la competencia y Actitud Travel, SA de CV, los boletos de avión y otros cargos aéreos.
Al respecto, “no se cuenta con documentación comprobatoria original y fiscal que ampare el costo real de la compra de los boletos electrónicos de avión, del IVA y TUA cobrados, tampoco documentación de alimentación e inscripciones”, se lee en la observación 4.
Proceso buscó vía un mensaje de WhatsApp a Tamara Vega, para preguntarle acerca del tema. A la deportista le molestó la consulta y dijo que ella sólo da entrevistas para hablar sobre su carrera deportiva. Después interrumpió la comunicación.
Nuevos involucrados
La observación 4 está contenida en 44 páginas que detallan –al igual que en la primera auditoría– el mismo modus operandi para desviar los recursos públicos del Fodepar: con la ayuda de entrenadores, deportistas, analistas técnicos (antes llamados metodólogos) y personas que fingieron ser entrenadores se solicitaba dinero a reembolso para pagar a sobreprecio viajes a competencias y campamentos, así como la compra de material deportivo.
Como parte de este esquema, las personas arriba mencionadas recibían transferencias de Banjército en sus cuentas bancarias personales, de donde después depositaron a empresas y personas físicas no localizadas y que no aparecen registradas en el Servicio de Administración Tributaria, así como a otros receptores de recursos cuyos rubros de operación son ajenos a los servicios prestados.
Además de las compañías y personajes ya mencionados, algunas de las nuevas empresas y personas físicas que participaron en las irregularidades son: Servicios Corporativos, SRP, SA de CV; Clasic Humms Servicios, SA de CV (no localizada); Distribuidora Rdz & Ives, SA de CV (aduanas y logística); Serviacon, SA de CV (cartulinas y papel); MTDM, SA de CV (partes para aire acondicionado); VTOM de México, S de RL de CV (no localizada); Comercial Breco, SA de CV (manejo de carga y logística); así como las personas Delia del Pilar Dueñas Jácome y Carlos Miguel de Alba Campos (los dos no localizados) y Griselda Citlalli Segura Ortega.
Otras empresas que fueron observadas en la auditoría correspondiente al primer semestre de 2019 y que volvieron a aparecer con irregularidades son: Catering Housekeeping, Hospitality and Feeding Services; Operadora Turística Bluo; Briscar, SA de CV (no localizada), y la persona física María Otilia Serrano.
“Se observó que la participación de las empresas que presentan de manera irregular documentación de la comprobación a nombre del Fodepar, por medio de ‘entrenadores’ y ‘enlaces administrativos’, es constante (…) Por lo que respecta a la aplicación de recursos para proceder al reembolso se observa que no existen comprobantes de pago, transferencias, operaciones bancarias documentación que avale, ampare y acredite quién se encargó de pagar el gasto de los eventos y con ellos reembolsar el dinero erogado”, dice el documento.
En otros casos ni siquiera existe documentación que compruebe el ejercicio de los recursos públicos, esto principalmente en la compra de material e implementos deportivos.
Quienes participaron en este engranaje de irregularidades descubierto por el OIC de la SFP son, nuevamente, personas que se hicieron pasar por entrenadores y que ya habían sido señaladas: Mónica Fontes, Marla Natalia Escobar, Alfredo Valdivia de Anda, Alejandro Gutiérrez López, Gibrahán Hernández Vicente, Jorge Heriberto Nava Segura, Alejandro Salvador Cruz, Víctor de Lucio (hoy es el director de Alto Rendimiento de la Conade) y Luis Enrique Muñoz Landa.
Los verdaderos entrenadores como José Antonio Romero (hospedaje y alimentos comprobados con una empresa no localizada), Rolando Soler, Héctor Popocatl y el medallista olímpico Guillermo Pérez Sandoval también están en las observaciones. Los tres últimos aparecen porque no entregaron documentación original y fiscal que avale la compra de boletos de avión.
A otros deportistas, como David Mier y Terán, Xantos Daniel Villegas y Elena Oetling se les señala por no haber comprobado a tiempo el dinero que recibieron “y se les deberá cobrar el porcentaje de interés estipulado en el pagaré que se generó por otorgar el apoyo”.
Del mismo modo que ocurrió con la auditoría del primer semestre, también un grupo de federaciones deportivas participaron en los malos manejos del dinero del Fodepar.
Las siguientes disciplinas aparecen señaladas con distintos montos que suman un daño patrimonial por 29.7 millones de pesos: entre otros, ciclismo (2.9 millones); gimnasia (2.3 millones); deporte para personas con parálisis cerebral, handball, hockey (1.1 millones); natación (11.3 millones); patines sobre ruedas (1.8 millones), remo y softbol (8.3 millones).
La descripción de algunas de las irregularidades son las siguientes: la Federación Mexicana de Ciclismo no presentó ningún documento para comprobar el dinero que se gastó en siete competencias, en parálisis cerebral la persona física María Otilia Serrano entregó facturas propias para comprobar boletos de avión y hospedaje, en gimnasia no entregaron las facturas originales de las aerolíneas y comprobaron hospedaje e inscripciones con una factura que se presume apócrifa.
En handball no hubo documentación comprobatoria del dinero, en natación no entregaron facturas originales de las aerolíneas, inflaron precios de los servicios de equipaje extra y comprobaron con documentos apócrifos, presentaron “facturas” que no cumplen con las características que exige el Código Fiscal de la Federación y la Miscelánea Fiscal y otras que se presumen apócrifas para comprobar gastos de hospedajes y alimentación, y también presentaron váuchers falsos. En softbol no fue proporcionada la documentación comprobatoria.
“Este incumplimiento es recurrente por parte de la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Conade”, indica la observación número 5.
El caso Vázquez
La observación 2 tiene que ver con las irregularidades detectadas en la contratación y prestación de servicios realizados en la partida denominada Capítulo 3000, es decir, la contratación de personal para diversas áreas de la Subdirección de Calidad para el Deporte.
El señalamiento más grave en esta observación es el de Arturo Vázquez Torres, un funcionario de la SFP adscrito al Órgano Interno de Control del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que se desempeña como titular de auditoría interna y auditoría de mejora de la gestión pública.
González y Vega. Deportistas involucradas. Foto: Jorge Martínez / MEXSPORT
Es decir, cuando debería estar trabajando en el CIDE, Vázquez Torres en realidad se presentó diariamente a la Conade durante 2019 para ayudar a los servidores públicos a combatir la auditoría que se realizaba, lo cual, además de ser un conflicto de interés, está expresamente prohibido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
De acuerdo con la observación, Vázquez Torres fue contratado por 36 mil 500 pesos mensuales y estuvo adscrito a la coordinación ejecutiva de la Subdirección de Calidad para el Deporte.
“Se contrató por la Conade siendo que es servidor público en servicio en el OIC del CIDE, sin que exista en su expediente el documento que autorice la Secretaría de la Función Pública para poder participar en contrataciones públicas.”
En la revisión de 33 expedientes se da cuenta que la auditoría descubrió irregularidades en 18 que generaron un daño patrimonial por 3 millones de pesos. Entre lo más destacado se encuentra la relación de parentesco que existe entre los prestadores de servicios contratados, información que Proceso (edición 2270) ya había documentado en mayo de 2020, cuando dio cuenta de la manera en que entre servidores públicos se repartían los contratos para otorgárselos a amigos y personas que no se presentaban a trabajar, en muchos casos a cambio de un moche.
Algunos de los familiares contratados son los hermanos Fidel y Alejandra Contreras Fonseca, y Gisela y Miguel Solís Chavira.
Otra irregularidad es la de Alejandro Gutiérrez López, quien para ser beneficiario del Fodepar se hizo pasar por entrenador. Es una de las personas que contribuyó a desviar los recursos públicos de dicho fideicomiso, y cuando fue señalado en la primera auditoría, fue dado de baja del padrón y contratado como prestador de servicios profesionales.
“Se presumen simulaciones en los servicios prestados y de no contar con las capacidades profesionales para las cuales fueron contratadas (las personas). Es posible que exista un daño patrimonial a la Conade mediante la simulación de la prestación de servicios y servicios que no se llevaron a cabo”, indica la auditoría.
La recomendación de los auditores es que se dé de baja a quienes no acreditan capacidad profesional, técnica y de experiencia, y que devuelvan el dinero que recibieron como compensación.
