En el Metro de la Ciudad de México, la pandemia de Covid-19 dejó una ola de contagios y defunciones entre los trabajadores. La marea arreció a finales de 2020, cuando –a decir de trabajadores y familiares de fallecidos– el Sistema de Transporte Colectivo (STC), a cargo de Florencia Serranía, bajó la guardia y dejó de proteger a sus empleados.
Escasearon los cubrebocas y las caretas, se dejó de dar gel antibacterial y se asumió que en ese espacio, donde convergen todos los días miles de personas, la sana distancia era opcional.
El STC reconoció, a través de una solicitud de transparencia realizada por EMEEQUIS, que hasta febrero pasado tenía registrados apenas 1,171 contagios y 77 muertes por Covid-19 entre sus empleados.
Pero el Sindicato Mexicano de Trabajadores del STC (SMTSTC) asegura que la cifra es hasta tres veces superior.
Homero Zavala, quien dirige ese sindicato independiente, calcula que en toda la red hubo entre 180 y 250 compañeros fallecidos.
“La peor administración que hemos tenido en la historia del Metro nos tocó en pandemia, perdimos derechos médicos con Serranía”, asegura.
El segundo pico de la pandemia en el país, detalla, cimbró también a la red de transporte más importante de la Ciudad de México. Al cierre de diciembre de 2020 e inicios de enero de 2021 “fueron cayendo los compañeros”. A los contagiados los dejaron sin un respaldo médico, sin medicinas ni especialistas.
De ello dan cuenta los amparos en materia administrativa que han ingresado una serie de trabajadores ante el juez, además de una denuncia penal en contra de Serranía ante la Fiscalía General de la República (FGR). Tan sólo el abogado Edson Hernández ha presentado 10 casos relativos a Covid-19.
Demandan, según pudo constatar esta revista digital en documentos presentados por el abogado, la omisión por parte del STC Metro, comenzando por Serranía –la entonces directora general–, de garantizar la salud de sus empleados.
Respuesta del Metro a la solicitud de información.
Primero, por no otorgarles los insumos básicos para prevenir un contagio, un acto que pone en peligro sus vidas; segundo, por no otorgarles los medicamentos para recuperar la salud tras un contagio y negarles el acceso a médicos especialistas, neumólogos y cardiólogos para continuar con la recuperación, pese a que es un derecho establecido en sus contratos.
En otros casos, las familias de los fallecidos han tenido problemas para cobrar las indemnizaciones correspondientes, con retrasos de hasta seis meses para liberar los seguros de vida de los trabajadores que perdieron la vida.
PERDER LA VIDA EN EL LUGAR AMADO
Pedro tuvo un último deseo antes de morir: en la estación Balderas debía llevarse a cabo una ceremonia-homenajeen el que se contarasu batalla contra el Covid-19.
Lo dejó escrito en una de las cartas que un médico hizo llegar a su esposa Ana, la escribió momentos antes de ser intubado, dos días antes de morir.
Se despidió con su familia en el pensamiento: “Avísales que ya me voy a intubar, no tiene caso seguir con esto. Diles a todos que los amo y que nunca perdí la fe en ellos”.
Pedro era un amante de la red de transporte que le abrió las puertas el 16 de enero de 1989. Empezó como vigilante del nivel 1 y creció hasta llegar al cargo de supervisor de servicios de seguridad institucional. “Estaba casado con el Metro, su trabajo era para él lo más importante”, recuerda Ana.
Por eso, cuando llegó la pandemia de Covid-19, se puso la camiseta y decidió no tomar ni sus vacaciones, para cubrir los huecos que la salida del personal vulnerable –personas con alguna comorbilidad, a quienes mandaron a casa– había dejado en un sistema que no paró actividades en ningún momento.
Al principio el STC les proveyó de los insumos más básicos. Hubo gel, cubrebocas, caretas en la primera etapa de la pandemia, pero cuando el semáforo comenzó a relajarse, antes del segundo pico, escasearon los insumos más básicos y las medidas de prevención.
Para diciembre subieron los contagios. La familia de Pedro calcula que su contagio fue a mediados de diciembre, pero que fue hasta el 30 de ese mes que comenzó a sentirse mal. Un médico particular le diagnosticó laringitis, pero el medicamento no alivió los síntomas.
En el call center del STC le dijeron que debía hacerse una prueba Covid, pero cuando llegaron a los Laboratorios Olab –que durante años habían cubierto los servicios de laboratorio para el personal– les dijeron que el STC les había dejado de pagar y los rechazaron. Una prueba, pagada de su propio bolsillo, terminó por confirmar el diagnóstico.
Para cuando llegó el resultado, su frecuencia cardiaca y oxigenación eran bajísimas. Él pidió expresamente que no lo llevaran a los hospitales del STC –el Sanatorio Durango y el Hospital Nápoles– porque, a su decir, todos los compañeros que habían sido atendidos ahí se habían muerto.
Lo recibieron en el ISSSTE, por ser trabajador del Estado, y se encontraron con un diagnóstico fatal: el pulmón derecho estaba destruido, el izquierdo apenas funcionaba al 3% de su capacidad. Después de 10 días internado, perdió la vida.
Ana recuerda haber entrado a reconocer su cuerpo en la morgue del hospital y la fría voz del doctor de turno: “Pásele, busque el suyo”. Se refería a que ella debía destapar, uno a uno, el rostro de los fallecidos Covid que estaban en la sala, emplayados con papel plástico –“como envuelven las verduras en el súper”–, porque no estaban identificados. Hubo dos ocasiones en que confundió a su esposo con otros fallecidos. “Pude haberme llevado a otra persona”, recuerda.
Y aunque esa vivencia fue aterradora y se sumó al dolor de haber perdido a su pareja, el periplo apenas comenzaba.
Primero, encontrar una funeraria que pudiera cremar el cuerpo; segundo, lograr que el STC pagara los seguros correspondientes. A casi seis meses del fallecimiento de su esposo, el Metro todavía no paga la indemnización completa y la familia ha sobrevivido los últimos meses con los 42 mil pesos del pago de marcha, para los servicios funerarios, y los ahorros que habían guardado del cierre de 2020.
AMPARARTE PARA RESGUARDAR LA VIDA
María (su nombre fue cambiado para no entorpecer el proceso legal en marcha) es conductora del Metro, al igual que Pedro siguió trabajando en medio de la pandemia por Covid-19.
Se contagió de Covid-19 y le negaron el servicio médico, tanto en las clínicas particulares para empleados, como en los hospitales con los que el STC tiene convenio. La trabajadora se amparó y un juez determinó que debían brindarle la atención por ser derechohabiente, pero la necesidad la llevó a internarse en un hospital privado.
Venció a la enfermedad, pero quedó con secuelas y el médico le ordenó resguardarse hasta estar completamente recuperada. Sin embargo, en el STC Metro le están solicitando que firme su alta médica sin que le hayan realizado los estudios necesarios para garantizar su seguridad: el Covid dañó el 80% de sus pulmones.
“El Metro ha declarado ante el juez que le ha brindado la atención médica y le ha proveído de los medicamentos, pero no es así. Ella tiene todas las facturas de los gastos que ha tenido que realizar ante la omisión”, explica el abogado Hernández.
Esta práctica se ha repetido entre los trabajadores. El mismo Zavala, quien además de dirigir el sindicato independiente trabaja en la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos, supervisando el funcionamiento de los equipos “TETRA” en los cubículos de los jefes de estación de toda la red, denunció a Serranía ante la FGR por la misma situación.
Con 29 años de servicio, el 11 de noviembre presentó una demanda de amparo indirecto ante el juzgado segundo de distrito en materia administrativa de la CDMX por las omisiones de Serranía para protegerle del “foco de infección” que es el Metro. Considera que se pone en riesgo su vida por la falta de sanitización de su área de trabajo, ausencia de insumos de protección y agua para lavarse las manos, así como la carencia de un protocolo de detección de casos activos de Covid entre los empleados.
En aquella ocasión, el juez ordenó otorgar el equipo de protección personal para evitar contagios, pero a decir de Zavala esto no ocurrió, lo cual desembocó en su contagio de Covid.
Según narró en la denuncia que interpuso en contra de Serranía ante la FGR, cuya copia posee EMEEQUIS, pese al diagnóstico positivo, el STC no le otorgó los medicamentos para tratar el Covid, tampoco lo revisó un neumólogo y esto puso en peligro su vida.
El caso sigue abierto, mientras tanto, los trabajadores y sus familias comienzan a resentir el aumento de los casos Covid-19 dentro del STC.
Los empleados del Metro están en constante riesgo de contagio. Foto: Cuartoscuro.com.
“PERDIMOS DERECHOS”
En entrevista con esta revista digital, Homero Zavala dice que la administración de Florencia Serranía dejó un hueco en materia de salud para sus trabajadores porque dejó de pagar los servicios médicos.
El laboratorio Olab, que los últimos años había prestado los servicios de laboratorio, rechazó hacer pruebas Covid a trabajadores contagiados. El Sanatorio Durango, donde históricamente se había atendido a los trabajadores, se negó a atender a los enfermos por Covid que venían del Metro.
Ante las denuncias de trabajadores, el STC emitió un comunicado el 4 de enero en el que aseguró que el servicio médico estaba operando sin interrupciones y estaba “plenamente garantizado” en las clínicas propiedad del organismo, en los hospitales privados con convenio y en los hospitales de alta especialidad del sector salud.
Integrantes del sindicato independiente del Metro, representados por Hector Homero Zavala, presentaron una denuncia penal en contra de Florencia Serranía. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.com.
“En todo momento se ha mantenido garantizado el servicio médico sin interrupciones en cumplimiento con el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo”, detalló. Al tiempo dijo que habían instalado un gabinete de contingencia para dar seguimiento ininterrumpido a la evolución de la pandemia, la aplicación de las medidas de higiene y la prevención de contagios.
“La salud y el bienestar de su fuerza de trabajo es la prioridad fundamental de la actual Administración”, cerraba el documento.
Sin embargo, denuncia Zavala, la atención Covid se centró en el nuevo hospital y no en el Durango. “Es un hospital pequeño, sin cupo, muchos compañeros fallecieron en el estacionamiento de la clínica”.
Ahora el temor está en el repunte de las infecciones. Tan sólo en los talleres de Zaragoza y Ticomán tienen registrados entre 10 y 15 contagios y temen que el regreso del personal que estaba trabajando desde casa por ser población vulnerable, y que estará volviendo a las instalaciones a lo largo del mes, incremente los números.
Fuente: Eme Equis.