Una familia de 18 personas –desde niños pequeños hasta una señora de 94 años de edad–, sincronizó una huida simultánea desde varios pueblos del estado de Michoacán para escapar a un mismo tiempo de grupos narcotraficantes sin dejar atrás a ningún familiar que pudiera sufrir represalias.
“Tuvimos que hacerlo así porque en los últimos doce meses nos han matado con saña a cuatro miembros de la familia y a dos los han secuestrado, uno de ellos dos todavía no aparece”, dijo a La Opinión el señor Anselmo –no es su nombre verdadero–.
Todos, incluidos los menores, estaban amenazados. La familia es propietaria de unas 30 hectáreas de tierras productoras de aguacate –el oro verde- y los carteles que se enfrentan entre sí entre los poblados Uruapan y Aguililla exigían tanto cuotas en efectivo como de reclutamiento forzoso.
“Nos exigieron 50,000 pesos por año por hectárea”, en total unos $75,000 dólares anuales por cultivo de cerca de 75 acres, “y también exigían que los miembros jóvenes de la familia se fueran con ellos a pelear”, dijo con Anselmo.
La empresa familiar opera desde hace más de diez años en las inmediaciones de Uruapan y la familia vive en diversos poblados desde donde realiza tareas de cultivo, cosecha, promoción.
En los últimos dos años, y especialmente en los últimos meses, platicó don Anselmo, “nos impusieron una presión que ya ni pudimos soportar”.
“Nos amenazaban, nos imponían coerción, y para que viéramos que las amenazas eran en serio, nos mataban a un miembro de la familia, luego a otro, con saña; a dos los secuestraron, pagamos lo que nos exigieron, pero solo uno apareció”, narró el empresario.
“Nos dimos cuenta de que las cosas ya no iban a mejorar”. Explicó que ante las primeras amenazas y asesinatos de sus familiares, fueron a presentar denuncias, pero las mismas autoridades locales les advirtieron que el crimen organizado las había rebasado y que denunciar podría ser peor.
“Lo que nos dijeron fue que si por denunciar, la policía protegía temporalmente la casa de quien presentara la denuncia, quedaban al descubierto todos los demás miembros de la familia, a los que (los cárteles) ya conocían”, comentó.
Fue entonces que en total secreto que guardaron entre sí, todos los miembros de la familia se coordinaron para huir a un mismo tiempo.
“Salimos con mucho cuidado, porque tienen cerradas las carreteras y vigilados los cerros, ya de noche, mejor si los niños venían dormidos”, explicó el empresario.
A la abuelita le sacaron en vehículo por carretera; cuando los detuvieron, dijeron que la señora tenía una de sus citas médicas regulares en una ciudad de Michoacán.
Todos llegaron a Tijuana cargados de pruebas de que, para ponerse realmente a salvo, necesitan que Estados Unidos les dé asilo.
Tienen familiares en los valles agrícolas de San Joaquín, Sacramento y Salinas, incluso en ciudades del sur de California.
La historia de la familia de don Anselmo es solo una variante de las que viven cientos de michoacanos, especialmente familias, que llegan cada semana a Tijuana en busca de asilo estadunidense, de acuerdo con un pastor que dirige un albergue en que se refugian muchas familias michoacanas.
“Antes teníamos muchísimas familias centroamericanas, africanas, haitianas, de muchas partes del mundo; ahora más del 80 por ciento de las familias que albergamos son mexicanas, de Guerrero y especialmente de Michoacán”, dijo el pastor Albert Rivera, quien dirige el refugio Ágape.
Calculó que 300 de los 370 migrantes hoy registrados en el albergue son mexicanos, y de ellos más de 250 son de Michoacán.
“Por lo que nos platican esas familias, la situación en Michoacán está fuera de control, no hay autoridad que pueda ayudarles, viven presas de los carteles, que no les dejan ninguna autonomía, y por lo tanto solo les queda huir”, dijo Rivera.
Por su parte, sacerdotes católicos que en las últimas semanas han tendido un puente humanitario entre Michoacán y Tijuana calculan que hasta 15,000 personas han llegado a la frontera de Baja California en busca de asilo.
Un sacerdote calculó que a lo largo del mes de junio cruzaron la frontera en busca de asilo unas 1,300 personas de Michoacán, incluidos niños.
Los michoacanos en Tijuana solo tienen ayuda de algunos albergues y su iglesia, ninguna autoridad municipal, estatal de Baja California o federal les proporciona asistencia ni orientación.
En los casos de asilo les ayudan organizaciones civiles sin fines de lucro.
Fuente: La Opinión.